Fiscal de Hermanas Mirabal expresa preocupación por casos de
tráfico de armas en que imputados son favorecidos con garantías
económicas
SALCEDO (República Dominicana).- El fiscal de la provincia Hermanas
Mirabal mostró preocupación por las últimas decisiones del Juzgado de la
Instrucción de esta demarcación que dejan en libertad y solo con la
presentación de garantías económicas a procesados por violación a la Ley de
Armas.
Edward Andrés Núñez-Merette informó que el pasado 6 de abril, alrededor de
las 3:00 de la madrugada, fueron detenidos por agentes policiales y en
flagrante delito Jasser Rodríguez Quezada, Erickson Betances y Anthony Sarita
Rodríguez, mientras se desplazaban por una calle de Salcedo en dos vehículos
en los que transportaban varias armas de fuego sin portar ningún tipo de
documentación.
Rodríguez Quezada y Betances se transportaban en un vehículo marca Infiniti,
Al ser registrado se les ocupó dos pistolas calibre 9mm, una caja de tiros, tres
cargadores con capacidad para 30 cápsulas cada uno con 19 cápsulas en su
interior, y varios teléfonos celulares.
En el caso de Anthony Sarita Rodríguez, quien había sido cancelado de la
Policía Nacional en 2015, se desplazaba en un automóvil en el que se le
encontró una pistola Glock 19, con cargador y 10 cápsulas, así como tres
cédulas de identidad, un carnet policial y cuatro celulares.
El Ministerio Público, representado en la investigación por la magistrada
Cristina Ortiz, sometió a los imputados a la acción de la justicia por su
vinculación a los hechos que constituyen una violación a los artículos 66 y 67
de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y
Materiales Relacionados, en virtud de que existían los méritos probatorios
suficientes para que el tribunal impusiera la medida de coerción establecida en
el artículo 226, numeral 7, del Código Procesal Dominicano, consistente en la
prisión preventiva.
En esos casos, el Ministerio Público solicitó medida de coerción consistente en
prisión preventiva, sin embargo, los imputados de esos graves delitos fueron
favorecidos con garantías económicas que oscilan entre los RD$10 mil y 50 mil
