Zonas urbanas y turísticas son las más propensas a esta actividad ilícita que se estima ronda entre 2% y 5% del PIB global
No obstante, este tipo de ilícito no se limita al sector financiero. Sus “tentáculos” alcanzan a otros mercados como el inmobiliario. Una actividad que por su plusvalía resulta atractiva a la inversión, pero también a los delincuentes que desean blanquear sus ganancias mediante operaciones de bienes raíces.
De los sujetos obligados del sector no financiero, las empresas constructoras e inmobiliarias, junto con los dealers o concesionarios de vehículos, casinos, juegos de azar, bancas de lotería y apuestas, fueron de los que se recibió un mayor número de ROS, al representar el 88.3% del total reportado.
Para Mélido Marte, consultor de bienes raíces y director regional de RE/MAX, agencia inmobiliaria con más de 20 años, desde hace tiempo es de conocimiento público que la compra de propiedades siempre será un área de interés para los “lavadores” por sus altos costos y el nivel de rentabilidad.
“Siempre ha existido y existirán los actos delictivos. Es una situación que no sólo es inherente a República Dominicana”, precisó Marte a elDinero, tras subrayar que con la entrada en vigencia de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en 2017, se ha ido “controlando más” esa práctica ilícita.
Pero, ¿existe algún ciclo en las operaciones inmobiliarias que determine momentos vulnerables? Marte, entiende que sí, pero son acciones que los agentes inmobiliarios, por lo general, no pueden controlar, prevenir o medir.
“Puedo especular que durante los cambios de administración gubernamental se puede presentar un mayor número de casos”, expresó el experto de la entidad que agrupa a más de 400 agentes inmobiliarios activos.
Por lo general, los delitos de “cuello blanco” son actos realizados de forma muy sutil. A juicio del asesor de bienes raíces, son difíciles de detectar. “Tratar de identificarlos puede ser sobre la base de juicios subjetivos. No obstante, podríamos intuir casos de lavado por el perfil de la persona y el tipo y forma de la transacción, como pago (en efectivo)”, detalló Marte.
Esto último es un aspecto clave para el lavado de activos. Ramón González, presidente del Comité de Lavado de Activos de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) y ejecutivo de Banesco, informó que en República Dominicana alrededor del 87% de los pagos son en efectivo. Esa realidad hace que el entorno socio económico del país sea altamente vulnerable al blanqueo de dinero.
“El sector inmobiliario sigue siendo una de las industrias de mayor exposición al lavado de dinero. Es muy vulnerable, no solo aquí (República Dominicana), sino en el mundo”, recalcó González al puntualizar que, pese a los esfuerzos de las autoridades, aún existen desafíos para tener mayor control sobre el dinero de origen ilícito que circula en la comercialización de bienes inmuebles.
El lavado de activos representa entre 2% al 5% del producto interno bruto (PIB) a nivel mundial, es decir, alrededor de 1.6 trillones de dólares acorde a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Regulación
Esta actividad ilegal de “limpiar” dinero de origen ilícito afecta el desarrollo sostenible del sector inmobiliario dominicano. De ahí la importancia de que el corredor inmobiliario o de bienes raíces esté regulado. Pero, “lamentablemente no existe una entidad estatal que regule a los agentes inmobiliarios”, afirma González.
La Ley contra el Lavado de Activos reconoce a la figura del corredor inmobiliario o de bienes raíces como pieza fundamental junto a otros actores de la economía. Marte añadió que algunas agencias inmobiliarias bien organizadas cumplen con todos los procesos que establece la Ley 155-17 para los Sujetos Obligados No Financieros.
En el lavado de capital el sector inmobiliario de lujo es la “seducción” de los blanqueadores. Para Marte “las zonas de más valor y movilidad de ventas, es decir, zonas urbanas y turísticas”, siempre serán las de mayor atención de parte de los agentes que desean evitar negociaciones de ilegalidad.
