Santo Domingo.– La Fundación LASO informó que el ciudadano Marino Castro, acusado de envenenar varios perros comunitarios en la urbanización Máximo Gómez, en Villa Mella, se encuentra detenido desde el pasado miércoles y que este lunes le fue conocida la medida de coerción ante el Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo, Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este (SDE).
El tribunal impuso como medida presentación periódica, lo que no implica la conclusión del proceso judicial. La entidad aclaró que esta decisión constituye únicamente una etapa inicial del proceso penal y que el caso continuará su curso conforme a la legislación vigente.
Durante la audiencia, el imputado expresó arrepentimiento y pidió perdón a los familiares y comunitarios afectados por la muerte de los animales. Sin embargo, la Fundación LASO subrayó que dichas declaraciones no sustituyen ni detienen la acción penal, por lo que los hechos deberán ser conocidos en un juicio de fondo.
El proceso legal es encabezado por el bufete Ariza & Asociados, miembro del Consejo de Defensa de los Animales de la Fundación LASO, y está a cargo del abogado José Ariza Jr., quien ha dado seguimiento al expediente desde su inicio y estuvo presente en la audiencia.
La Fundación LASO indicó que el próximo paso procesal será solicitar formalmente la apertura de juicio de fondo, con el objetivo de que se valoren todas las pruebas y se establezcan responsabilidades conforme a la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable.
El hecho ocurrió la mañana del martes 11 de noviembre, cuando cámaras de seguridad captaron al acusado arrojando comida mezclada con veneno frente a una residencia ubicada en la calle Bernabé Boza, casa número 13A, donde se encontraban perros comunitarios alimentados por vecinos del sector. Las imágenes muestran cómo los animales consumieron la sustancia tóxica y murieron minutos después, lo que generó indignación nacional.
El expediente depositado ante el Ministerio Público incluye evidencias audiovisuales, testimonios, fotografías e informes veterinarios.
La Fundación LASO reiteró que estos actos constituyen crueldad animal y representan un peligro para la seguridad pública, al implicar el uso de sustancias venenosas en espacios comunitarios. Asimismo, reafirmó su compromiso de dar seguimiento al proceso hasta su conclusión y llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de violencia contra los animales.
“La justicia debe llegar hasta el final. Cada vida cuenta y cada acto de crueldad debe tener consecuencias”, expresó la organización.
