Moca, provincia Espaillat.– El Tribunal Colegiado de esta jurisdicción declaró culpables a Orlando Fabián Ángeles y Juan Óscar Castillo Acevedo por violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre armas, en perjuicio del Estado Dominicano, así como del ciudadano Rafael Cervantes Jorge Peña y de una menor de ocho años de edad, identificada con las iniciales A.A.T.O., quienes perdieron la vida durante un violento hecho ocurrido en esta ciudad.
Tras acoger las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el tribunal impuso a Orlando Fabián Ángeles una condena de 30 años de reclusión mayor por los delitos de asociación de malhechores, homicidio voluntario y porte ilegal de armas de fuego. Mientras que Juan Óscar Castillo Acevedo fue sentenciado a 20 años de prisión por complicidad en homicidio voluntario y porte ilegal de armas de fuego.
Durante la audiencia, los jueces dispusieron además la variación de la medida de coerción que pesaba sobre ambos condenados, sustituyendo la garantía económica y presentación periódica por prisión preventiva, ordenando su inmediato ingreso al sistema penitenciario para el cumplimiento de las penas impuestas.
El proceso fue sustentado por el equipo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal investigador Michael Taveras, junto a los fiscales litigantes Diego Torres, Luisa Rodríguez, Keyla Rosario y Cleiry Victorio, quienes demostraron la responsabilidad penal de los acusados.
De acuerdo con el expediente judicial, los hechos ocurrieron la noche del 11 de octubre del año 2021, alrededor de las 9:15, en la calle José María Rodríguez, conocida popularmente como “Sal Si Puedes”, en la ciudad de Moca. En ese lugar, los hoy condenados se desplazaban a bordo de motocicletas y portaban armas de fuego ilegales, con las cuales realizaron cerca de 30 disparos, provocando la muerte de la menor y del señor Rafael Cervantes Jorge Peña.
La sentencia fue valorada como un paso importante en la lucha contra la violencia armada en la provincia Espaillat, al tiempo que representa un acto de justicia para los familiares de las víctimas, quienes durante años reclamaron una respuesta firme de los tribunales.