Santo Domingo. La organización Participación Ciudadana presentó su séptimo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, dedicado de manera exclusiva al caso Senasa, también identificado en el expediente judicial como el “Caso Santiago Hazim y compartes”, un proceso penal de alto impacto que, según el Ministerio Público, habría afectado directamente al sistema de salud de los sectores más vulnerables del país.
El informe tiene como objetivo facilitar a la ciudadanía la comprensión del expediente penal, resaltando que el supuesto desvío de fondos públicos habría comprometido recursos destinados a servicios de salud, mientras se registraban compras de vehículos de lujo, relojes valorados en más de RD$5,000,000 y botellas de whisky superiores a RD$100,000 cada una, de acuerdo con la acusación.
Participación Ciudadana explica que hasta el año 2020 Senasa era considerado un modelo de gestión, pero que su presunto deterioro inició con la llegada de Santiago Hazim, dando paso a denuncias que culminaron en una investigación del Ministerio Público, cuya solicitud de medidas de coerción consta de 537 páginas. Para facilitar el acceso a la información, la entidad elaboró una síntesis de 32 páginas, basada exclusivamente en el expediente oficial.
La organización aclaró de manera expresa que el documento no contiene valoraciones propias, sino que se fundamenta “única y exclusivamente” en la solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público, por lo que los hechos, cifras y calificaciones jurídicas corresponden al proceso penal en curso.
Principales señalamientos del expediente
Según la acusación, durante la gestión investigada se habría:
Creado una estructura de crimen organizado
Obstruido la transparencia interna
Diseñado programas especiales fraudulentos para recibir sobornos
Adulterado y falseado estados financieros
Distracción de fondos que habría comprometido la solvencia de Senasa
El expediente atribuye sobornos por más de RD$4,000 millones, así como la creación de empresas de carpeta para operaciones de lavado de activos.
Programas y mecanismos bajo investigación
El Ministerio Público documenta que, a través del programa NUTRISALUD y otros contratos, se habría estructurado un esquema continuo de sobornos que incluyó:
Entregas iniciales por RD$100 millones
Transferencias por RD$529,068,000
Nuevas entregas en efectivo por RD$536,000,000
Pagos acumulados que alcanzarían RD$1,165,000,000 hasta 2024.
El expediente señala que no existieron evaluaciones sobre el impacto sanitario de estos programas.
Asimismo, se indica una privatización irregular de servicios de atención primaria, presuntamente monopolizados por un mismo grupo empresarial, generando sobornos adicionales por RD$1,621,337,217.15.
Estados financieros y enriquecimiento ilícito
La acusación sostiene que se alteraron los estados financieros para ocultar la situación real de la institución, incluyendo un subregistro de reservas técnicas. Una comisión interna habría detectado posteriormente una diferencia superior a RD$14,340,821,883, desmontando los informes enviados al regulador.
Además, la investigación atribuye al imputado ingresos ilícitos por aproximadamente RD$2,881,337,217.15, vinculados a la adquisición de bienes de alto valor mediante mecanismos para ocultar el origen de los fondos.
Calificación jurídica
El Ministerio Público considera que los hechos constituyen actos típicos, antijurídicos y culpables, subsumidos en delitos como corrupción, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos.
Durante la presentación, Francisco “Pancho” Álvarez, del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, destacó la importancia de estos informes para que la ciudadanía comprenda los entramados de corrupción y el desafío que representan para la lucha contra la impunidad.
Por su parte, Leidy Blanco García, coordinadora general, afirmó que el caso Senasa plantea serias interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos, subrayando que cada peso mal administrado se traduce en servicios deficientes, tratamientos postergados y vidas afectadas.
El informe cuenta con el apoyo técnico y financiero del Gobierno de Alemania, a través del proyecto FEDACC, ejecutado por la GIZ, y se presenta como una herramienta para fortalecer la rendición de cuentas y la exigencia ciudadana.
