Estados Unidos.– Una jueza federal confirmó un laudo arbitral internacional que obliga al Estado dominicano a pagar más de 43 millones de dólares al empresario jamaicano-canadiense Michael Lee-Chin, en el marco de una disputa legal relacionada con la administración del vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte.
La decisión fue adoptada mediante un memorando emitido el pasado 31 de marzo por la jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly, quien acogió en su totalidad la recomendación de un magistrado, rechazando los intentos del Gobierno dominicano de anular el fallo arbitral y dando validez a la reclamación del inversionista.
El conflicto se origina en la terminación del contrato de operación del vertedero de Duquesa, firmado en 2007 entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la empresa Lajun Corporation. En 2013, el entonces alcalde Francisco Fernández dispuso la cancelación del acuerdo y la ocupación del vertedero, alegando incumplimientos contractuales por parte de la empresa.
Posteriormente, en 2017, el Consejo de Regidores de ese municipio declaró estado de emergencia sanitaria y respaldó la rescisión del contrato bajo la gestión del alcalde René Polanco. En 2019, el Tribunal Contencioso Administrativo declaró nulo el contrato de concesión.
Sin embargo, el empresario Michael Lee-Chin, quien había adquirido en 2013 el 90 % de las acciones de Lajun y parte de los terrenos del vertedero, consideró la medida como una expropiación ilegal, por lo que en 2018 presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial.
En octubre de 2023, el tribunal arbitral falló a su favor, concluyendo que la terminación del contrato constituyó una violación al trato justo y equitativo, además de una expropiación. Como resultado, se ordenó al Estado dominicano pagar aproximadamente US$38.7 millones por la expropiación y US$4.8 millones por daños adicionales, más intereses y costas legales.
Con la reciente decisión de la corte estadounidense, el laudo adquiere firmeza en esa jurisdicción, mientras el caso continúa generando implicaciones legales y financieras para el Estado dominicano.
