Santo Domingo. La Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED) manifestó su rechazo a la propuesta legislativa que busca descontar el salario a los docentes que participen en huelgas o paros laborales, al considerar que la iniciativa vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República.
La propuesta, sometida ante la Cámara de Diputados, establece que las ausencias de los maestros durante jornadas de protesta sean consideradas injustificadas, lo que implicaría descuentos salariales y mecanismos más estrictos de control de asistencia en los centros educativos.
Al referirse al tema, Erick Álvarez, secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de ANPROTED, calificó la iniciativa como “un retroceso inaceptable en materia de derechos laborales y democráticos”, argumentando que el derecho a la huelga constituye una garantía constitucional que no puede ser objeto de sanciones económicas.
Álvarez sostuvo que la posición de la entidad refleja la preocupación expresada por técnicos docentes de todo el país, quienes consideran que la medida representa una forma de presión destinada a limitar la libertad de organización y protesta dentro del sector educativo.
La organización recordó que el derecho a la huelga forma parte de las conquistas históricas del movimiento laboral y está protegido por la Constitución dominicana, por lo que cualquier intento de restringirlo podría interpretarse como un debilitamiento de las libertades sindicales y de los principios democráticos.
En ese mismo sentido, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) también ha expresado su rechazo a la propuesta legislativa, argumentando que el derecho a la huelga está contemplado en el artículo 62 de la Carta Magna y regulado por el Código de Trabajo, por lo que no puede ser desconocido mediante una disposición legal que limite su ejercicio.
Dirigentes magisteriales señalaron que las paralizaciones no constituyen la primera opción del sector educativo, sino que suelen producirse tras el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos con las autoridades competentes. Asimismo, reiteraron su disposición al diálogo como vía para la solución de conflictos, aunque advirtieron que continuarán defendiendo el derecho a la protesta cuando consideren vulneradas las reivindicaciones del magisterio.
ANPROTED afirmó que penalizar económicamente a los docentes por ejercer un derecho constitucional sería incompatible con los principios de un Estado social y democrático de derecho, por lo que llamó a los legisladores a analizar cuidadosamente las implicaciones de la propuesta.
Mientras tanto, la iniciativa continúa bajo estudio en el Congreso Nacional, generando un amplio debate entre representantes del sector educativo, legisladores y diversos sectores de la sociedad sobre el equilibrio entre la garantía del derecho a la educación y el respeto a las libertades sindicales.
