Santo Domingo. La emisión de miles de licencias para operar agencias hípicas vinculadas a bancas de loterías ha generado un nuevo debate sobre la regulación de los juegos de azar en República Dominicana.
La Comisión Hípica Nacional reconoció públicamente haber emitido cerca de 30,000 licencias para agencias que comercializan juegos electrónicos y virtuales basados en carreras de caballos pregrabadas. La entidad también admitió que una parte importante de estas autorizaciones ha sido utilizada en establecimientos de loterías abiertos al público.
La revelación provocó cuestionamientos de la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD), cuyo presidente, Félix Ariel Espinal, pidió al Senado revisar y modificar sustancialmente el proyecto de Ley General de Juegos de Azar antes de su eventual aprobación.
Espinal advirtió que la iniciativa legislativa podría facilitar la expansión de los juegos virtuales y electrónicos hacia espacios abiertos, aumentando el riesgo de que menores de edad tengan acceso a este tipo de apuestas.
En la misma línea, el directivo de ADOBAD Francisco Pérez afirmó que la situación evidencia la necesidad de establecer controles más estrictos para evitar una proliferación de establecimientos que funcionen, según sus declaraciones, como «casinos digitales» en distintos puntos del país.
Cuestionan facultad para otorgar licencias
La Comisión Hípica Nacional sostiene que sus actuaciones están respaldadas por un decreto presidencial de 2019. Sin embargo, ADOBAD señala que legislaciones posteriores atribuyen al Ministerio de Hacienda y Economía las competencias relacionadas con la emisión de licencias para las distintas modalidades de juegos de azar.
El debate también revive una comunicación de la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar, fechada el 5 de septiembre de 2024, mediante la cual se habría instruido a la Comisión Hípica Nacional a detener la concesión de licencias para comercializar juegos virtuales, al considerar que esa facultad corresponde al Ministerio de Hacienda.
El tema queda ahora en manos del Senado de la República, donde se discute el proyecto de Ley General de Juegos de Azar y aumenta la presión de distintos sectores para que sean revisadas las disposiciones relacionadas con los juegos electrónicos y virtuales.
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